Represión en la retaguardia republicana

LA CAUSA GENERAL

El término “terror” se ha utilizado para referirse a la coyuntura especialmente violenta que durante el verano de 1936 tiene lugar en la zona leal a la República, en un momento previo a la recomposición del tejido institucional llevado a cabo por el gobierno de Largo Caballero. Es un término, conocido por la historiografía francesa y que la historiografía franquista ha utilizado como sinónimo de la responsabilidad de los gobiernos e instituciones republicanas en el estallido de la violencia. Una violencia cuyo estudio debe ser abordado en relación a la naturaleza de la revolución, que sigue al golpe militar.

La caracterización de la violencia desencadenada en el sangriento verano de 1936 ha sido objeto de preocupación de no pocos historiadores. Para Julián Casanova, en ella intervienen una pluralidad de actores, entre los que el antagonismo de clase con ser importante no sería el único. El profesor Aróstegui, quien se ha ocupado en profundidad de abordar el concepto de violencia política, incluye el virulento verano de 1936 en el segundo gran ciclo de la violencia política en la España del siglo XX, un ciclo que abarca desde el desenlace de la crisis de la Restauración hasta el final de la guerra civil en 1939. Con respecto al primer ciclo, caracterizado por la rebelión de las clases subordinadas, el segundo se define por el fenómeno contrario la represión violenta de las clases subordinadas. El choque entre rebelión y represión se resuelve finalmente en la guerra civil de 1936. En varios trabajos, el profesor Nadal ha analizado el carácter de la represión que se produce en la zona republicana y que no puede ser entendida sino como un conjunto pluridireccional de hechos, acontecimientos y acciones institucionales.

 Las reflexiones expuestas en cada uno de los trabajos anteriores nos sugiere que la investigación sobre la represión no puede concluir con un mero recuento de víctimas –por otra parte en el caso de la zona republicana, exhaustivamente consideradas en la amplia literatura justificativa de “la cruzada”—.

Desde la pluralidad de fuentes con posibilidad de ser utilizadas para el estudio de la violencia republicana, la denominada Causa General es un conjunto documental cuyo contenido independientemente de la intencionalidad e ideología que sustenta no puede ser ignorado por ningún investigador de la guerra civil.

La Causa General es un procedimiento, instruido en 1940 por la Fiscalía General del Estado para investigar los delitos cometidos en la zona republicana durante la guerra.

Varios han sido los trabajos que se han ocupado de la Causa General como fuente para el estudio de la guerra civil y de la rebelión militar. Algunos de estos estudios constituyen una detallada descripción de su contenido. En otros casos ha sido objeto de estudio, la documentación generada por los tribunales y la administración de justicia republicana. Nos referimos a los trabajos de Jesús Gaite Pastor y Elena Rodríguez Magallanes. Igualmente, la Causa General como objeto de investigación histórica ha suscitado una serie de consideraciones metodológicas para su estudio.

Resulta obvio que cualquier aproximación a la información contenida en la Causa General, ha de tener en cuenta la ideología que la inspira y los objetivos y finalidades que persigue, claramente expuestos en el Decreto del Ministerio de Justicia del 26 de abril de 1940 por el que se concedía al Fiscal del Tribunal Supremo poder para instruir “la Causa General informativa de los hechos delictivos y otros aspectos de la vida en la zona roja desde el 18 de julio de 1936 hasta la liberación”. Una finalidad esencialmente informativa y una intencionalidad claramente propagandística que se hizo evidente en la publicación de libros, ampliamente divulgados en los que puede hallarse un minucioso relato de las atrocidades cometidas durante la guerra en la zona republicana, considerada por los editores, una mínima muestra de la barbarie “roja”. Compartimos con otros historiadores que han consultado las citadas publicaciones que se trata de la documentación más macabra a la que un investigador pueda enfrentarse. A la detallada descripción de torturas y crueldades se añade una colección fotográfica de los cadáveres perfectamente identificados. Sucesivas ediciones han ido apareciendo a lo largo de la dictadura, como una permanente invitación a mantener vivo el recuerdo de la guerra y la venganza.

El carácter ideológico y propagandístico de la Causa General no parece discutible. Gil Vico en un excelente artículo ha realizado una valoración de las finalidades de la Causa General a lo largo de toda su historia. Los cambios en su estructura obedecen a la necesidad de modificar la estrategia en el mecanismo represivo a medida que se consolida el régimen. Para este autor, la exigencia de controlar exhaustivamente a todas las personas vinculadas al régimen republicano, explica la legislación emanada del bando rebelde en los primeros momentos del conflicto y la existencia de procesos semejantes a la Causa General, anteriores al decreto de 1940. Efectivamente, en algunas de las ciudades más importantes de la zona republicana, tomadas por las tropas nacionales antes del fin de la guerra se instruye la Causa General Militar, embrión de la Causa General de 1940.

La Causa General de la provincia de Málaga, su contenido, organización y estructura ha sido estudiada por los profesores Antonio Nadal y Encarnación Barranquero. Y para el caso de Casares véase nuestro estudio: “El terror rojo en la Causa General de Casares”. La documentación relativa a Málaga aparece incluida en cada una de las piezas en las que se estructura la Causa General y la información relativa a los respectivos pueblos aparece agrupada por partidos judiciales:

Causa General del partido judicial de Marbella:

Estado número 3 para Benahavís:[043]

Estado número 1 para Benalmádena: [101].

Estado número 2 para Benalmádena: [103].

Estado número 3 para Benalmádena: [105].

Estado número 1 para Fuengirola: [041] y [042].

Estado número 1 para Istán: [072]

Estado número 3 para Istán: [074]

Estado número 1 para Mijas: [083].

Estado número 2 para Mijas: [085].

Estado número 3 para Mijas: [087].

Estado número 1 para Marbella: [026]

Estado número 3 para Marbella: [030] y [031].

Estado número 3 para Ojén: [037] y [038].

Causa General del partido judicial de Estepona:

Estado número 1 para Casares: [093] y [094].

Estado número 2 para Casares: [095].

Estado número 3 para Casares: [097] y [098].

Estado número 1 para Estepona: [022] y [023].

Estado número 2 para Estepona: [024].

Estado número 3 para Estepona: [026].

Estado número 1 para Genalguacil: [114].

Estado número 3 para Genalguacil: [115] y [116].

Estado número 1 para Jubrique: [123].

Estado número 2 para Jubrique: [124].

Estado número 3 para Jubrique: [125].

Estado número 1 para Manilva: [104].

Estado número 3 para Manilva: [107]

LA JUSTICIA POPULAR

El establecimiento de los tribunales populares fue el inicio del progresivo desmantelamiento de lo que sus agentes consideraban justicia revolucionaria. Quería ser el fin de las arbitrarias actuaciones de los comités y organismos que desde el 18 de julio habían asumido responsabilidades en el ejercicio de la represión y cuyas actuaciones eran conocidas por las autoridades republicanas ya fueran los alcaldes y concejales o el mismo gobernador civil quienes en esta primera etapa de la guerra se mostraron impotentes para controlar un terror que se ejercía incluso al margen de los organismos revolucionarios (Sánchez Recio, G.: Justicia y guerra en España. Los tribunales populares (1936–1939), Alicante, 1991, p. 82).

El establecimiento de la justicia legal no excluye el mantenimiento del terror ejercido por grupos cuya consideración de delincuentes o “incontrolados” debe ser matizada. A este respecto, el ejemplo más cercano aunque no el único son las conocidas sacas de la cárcel de Málaga.

Los juzgados de instrucción especiales del Tribunal Popular de Málaga comenzaron a funcionar cuando finalizaba el sangriento verano de 1936. Para entonces, la represión desencadenada desde el mes de julio por patrullas al servicio del Comité de Salud Pública de la capital había alcanzado una dimensión que permitirá a la propaganda y literatura nacionalista convertir a Málaga en el paradigma de una república cruel y sanguinaria, ignorando intencionadamente las actuaciones, por otra parte de poca operatividad, de autoridades como el gobernador civil, por evitar y controlar el ejercicio de la violencia al margen de las instituciones.

En Málaga, como en los pueblos de la comarca parece evidente el mimetismo en la actuación de los organismos creados al establecerse el Tribunal Popular con los grupos más identificados con el ejercicio de la represión ejercida en Málaga durante los sangrientos meses de julio y agosto. Ello lo demuestra el mantenimiento de Francisco Millán López, destacado miembro del Comité de Salud Pública de Málaga como vocal del Tribunal Especial Popular y del Jurado de Urgencia, de Miguel Martín Nieto en el Comité de Investigación y Vigilancia de Marbella o la composición de los de Estepona y Fuengirola. Pero es igualmente cierto que la actuación de los jueces instructores de los Juzgados especiales de la capital, se encaminó a neutralizar la actuación de los comités de Investigación y Vigilancia, desestimando las pruebas más comprometidas para los acusados y que la intervención de los jurados de derecho en el Tribunal malagueño se caracterizó por su tibieza en un intento de sustituir la venganza por la aplicación de la justicia (Véanse nuestros estudios sobre la Justicia Popular y los jueces populares en Málaga: “Justicia Popular y Justicia Militar en Málaga”, “Los poderes locales de Istán y Estepona y la justicia popular (1936–1937)” y “De Jueces a Reos: La represión de los jueces populares en Málaga”).

Personas vecinas de los pueblos occidentales malagueños procesados por el Juzgado Instructor Especial n. º 3 de Málaga.

Procedencia socioprofesional de las víctimas en los pueblos occidentales malagueños.

LA VIOLENCIA ANTICLERICAL

Junto a los grupos profesionales ya analizados, los miembros de la comunidad eclesiástica fueron objeto de una violencia totalmente focalizada. En la diócesis de Málaga distintas fuentes han cuantificado la represión entre 165 y 170 sacerdotes asesinados de los que un 18% pertenecían a parroquias de las comarcas de Marbella y Ronda (Véase nuestro trabajo: “La violencia anticlerical en las comarcas de Marbella y Ronda durante le Guerra Civil”). La naturaleza de la represión ejercida sobre los miembros del clero, interpretada por los católicos como una persecución, de carácter fundamentalmente religioso ha sido gráficamente descrita en los martirologios, realizados como los del padre Lisardo Guede para la provincia de Málaga. Más recientemente el manejo de documentación elaborada para los procesos de beatificación, impulsados por las órdenes religiosas, permiten como el estudio realizado sobre los Capuchinos de Antequera un acercamiento a la represión del clero, no necesariamente desde la hagiografía.

Fuentes Bibliográficas

Prieto Borrego, L., La Guerra Civil en Marbella. Revolución y represión en un pueblo de la costa, Málaga: Universidad de Málaga, 1998.

Prieto Borrego, L., “El terror rojo en la Causa General de Casares”, Baetica, 22 (2000), pp. 525-545.

Prieto Borrego, L., “Los poderes locales de Istán y Estepona y la justicia popular (1936–1937)”, Baetica, 26 (2004), pp. 407-426.

Prieto Borrego, L., Los días de la ira. Entre Mijas y El Guadiaro, de la República a la Sierra, Málaga: Universidad de Málaga, 2013.